

Que se configuren procedimientos para que la Superintendencia sea dirigida por personas con capacidades y méritos demostrados, para asegurar que los nombramientos de las autoridades estén libres de influencias e intereses particulares. En Guatemala, esto se logra eliminando el corporativismo y evitando procedimientos de comisiones de postulación.


Que se atribuya a la Superintendencia la supremacía rectora en Derecho de Competencia y de Competencia Económica, para asegurar que sus resoluciones sean cumplidas y evitar que otros entes reguladores le resten capacidades.


Que se base en procedimientos económicos y doctrina jurídica que ha sido ampliamente desarrollada por la academia y las experiencias comparadas de autoridades de competencia, particularmente en lo correspondiente a las prácticas absolutas, prácticas relativas y las defensas por eficiencia.

