La Superintendencia de Competencia: una oportunidad de construir una institución modelo

Por: Antonio Romero

Este año entró en vigor la Ley de Competencia, un hito en la gobernanza económica de Guatemala que dota al Estado de herramientas para garantizar la libre participación de empresas y consumidores en los mercados de bienes y servicios. Consecuentemente, inició la construcción de la Superintendencia de Competencia que es la entidad encargada del cumplimiento de la ley. Estamos ante una gran oportunidad de crear una institución que alcance altos estándares de transparencia, capacidad y efectividad; que sea un modelo de la institucionalidad a la que la nación aspira.

Después de la enorme resistencia que enfrentó la ley de competencia, es digno de celebrarse que se haya aprobado una ley con importantes fortalezas. Una de ellas es la manera en que se conforman y designan el órgano superior de la superintendencia—el directorio—y la autoridad administrativa superior de la misma—el superintendente. A diferencia de lo que sucede en otras instituciones gubernamentales, el directorio de la superintendencia no incluye la representación sectorial de los empresarios. Con ello se ha dejado fuera una fuente de conflictos de interés en la gobernanza institucional. Según lo que establece la ley, el directorio estará conformado por tres miembros titulares y tres suplentes, designados respectivamente por el presidente de la República en Consejo de Ministros, el Pleno del Congreso de la República y la Junta Monetaria.

El proceso de designación de los integrantes del directorio y del superintendente está diseñado para fomentar la transparencia y el mérito a través de convocatorias públicas, exámenes a los candidatos por instituciones académicas de prestigio, y publicidad de los actos administrativos realizados para las designaciones. De esta manera, la ciudadanía puede conocer en detalle cómo y a quienes se convoca, evalúa y selecciona para ocupar los cargos. Con esto se abre la posibilidad de mayor participación de la sociedad en el acompañamiento y vigilancia del proceso.

Por otro lado, la puesta en marcha de la Superintendencia de Competencia no está exenta de retos. Uno importante es dotar a la institución, en todos sus niveles, del personal cualificado, honesto y comprometido con la misión institucional que se requiere. Para lograrlo habrá que ir contra corriente, dadas las deficiencias históricas en los sistemas de reclutamiento, selección y contratación de los funcionarios gubernamentales. El directorio y el superintendente deberán establecer mecanismos que subsanen esas deficiencias y permitan atraer y retener a los cuadros técnicos y profesionales ideales. Hay que evitar los vicios que han aquejado a la administración pública del país por décadas, reflejados en contrataciones opacas de personas sin las calidades necesarias.

Afortunadamente, las autoridades de la superintendencia tendrán a su disposición un gran acervo de conocimientos y experiencia sobre las mejores prácticas para la creación de la institucionalidad de competencia y el ejercicio de sus atribuciones. Además, existe un amplio ecosistema de instituciones académicas y de cooperación que pueden apoyar a las autoridades de competencia en su desarrollo. Sabiendo utilizar estos recursos, las autoridades guatemaltecas podrán avanzar con rapidez y eficacia en la construcción institucional.

Más allá de la responsabilidad propia de las autoridades de competencia, los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como la sociedad civil, están llamados a aportar en este proceso. Un ejemplo concreto de dónde se puede aportar es el impulso a una reforma inmediata de la Ley de Competencia. No es lo que se espera de una ley recientemente aprobada, pero estamos frente a un caso—no el único—de una ley vigente que tiene errores, sobre todo de forma, que amenazan su correcta implementación. Los actores mencionados podrían abordar este problema conjuntamente, enfocándose en explicar a la opinión pública, legisladores y funcionarios la importancia de las reformas y sus justificaciones, procurar los consensos políticos y garantizar que las reformas se enfoquen en remediar las fallas. Otra instancia en la que se necesita la contribución y vigilancia de los actores mencionados es la aprobación del reglamento de la ley. Este reglamento deberá estar listo a inicios del próximo año y será determinante para el funcionamiento de la superintendencia y la efectividad de la ley.

Ahora que contamos con una ley de competencia que allana el camino para fortalecer la gobernanza económica del país y abrir los mercados a la libre participación de todas las empresas, corresponde al gobierno y la ciudadanía velar porque las instituciones que van a llevar adelante este trabajo nazcan fuertes para alcanzar su potencial rápidamente. Estamos apenas al inicio de un camino que demanda el compromiso y atención permanente de quienes buscamos que la ley de competencia rinda los frutos esperados, sigamos adelante.